MUNDO
Un niño de Primaria acorrala a Rice
La ex secretaria de Estado responde como puede, al ser cuestionada por alumnos de un colegio sobre las torturas a los presos La Presidencia es para el líder del CD, mientras en la Asamblea ganan los partidos hasta ahora opositores
05.05.09 -
MERCEDES GALLEGO MILAGROS L. DE GUEREÑO
CORRESPONSAL. NUEVA YORK
Un niño de Primaria acorrala a Rice
La ex secretaria de Estado responde como puede, al ser cuestionada por alumnos de un colegio sobre las torturas a los presos La Presidencia es para el líder del CD, mientras en la Asamblea ganan los partidos hasta ahora opositores
05.05.09 -
MERCEDES GALLEGO MILAGROS L. DE GUEREÑO
CORRESPONSAL. NUEVA YORK
La primera aparición pública en Washington de Condoleezza Rice tras su salida de la Administración Bush parecía totalmente inofensiva: niños de Primaria, escuela judía y nada de periodistas. Quién se iba a imaginar que de su tierna audiencia saldría una pregunta sobre la tortura.
Hasta ese momento, le habían interrogado por asuntos como qué cualidad suya querría ser recordada o cómo fue crecer en Alabama durante la segregación racial. Entonces le tocó el turno a Misha Lerner, un niño de cuarto grado al que los maestros ya habían obligado a bajar el tono y evitar la palabra «tortura», según contó ayer 'The Washington Post'. «¿Qué le parece lo que está diciendo el Gobierno de Obama de los métodos que usó el Gobierno de Bush para obtener información de los detenidos?», preguntó el pequeño.
«Espero que lo entendáis, eran tiempos muy difíciles», acabó confesando la ex secretaria de Estado que, según los memorandos hechos públicos, fue la primera en autorizar a la CIA a usar métodos como el 'waterboarding' (simular un ahogamiento). «Estábamos todos aterrorizados con la posibilidad de otro ataque terrorista dentro de nuestro país. El 11-S fue el día más difícil de mi vida en la Administración. Pero incluso en esas circunstancias el presidente no estaba preparado para hacer algo ilegal. Espero que la gente entienda que estábamos intentado proteger al país», añadió.
Había un tono de disculpa en sus palabras que nunca se había escuchado hasta ese momento. A diferencia del ex vicepresidente Dick Cheney, la brillante graduada de Stanford ha comprendido que los tiempos han cambiado. El país demanda que le pasen cuentas a los que abusaron del poder ordenando torturas y empañaron la imagen de Estados Unidos.
Algunos se conforman con pedir un fiscal especial o una comisión al estilo de la del 11-S. Otros quieren que se les siente en el banquillo por crímenes de guerra. Y Rice es la primera en la picota. Hasta ella conducen los informes sobre el uso de torturas.
El recuerdo de Nixon
La ex jefa de la diplomacia norteamericana, que entonces era consejera de Seguridad Nacional, niega que violase ninguna ley, porque «por definición, si lo había autorizado el presidente, no violaba nuestras obligaciones bajo la Convención Contra la Tortura», dijo la semana pasada a los estudiantes universitarios de Standford, en el estado de California.
La frase ha sido como un viaje en el tiempo por su parecido con las palabras que condenaron al ex presidente Richard Nixon por autorizar escuchas ilegales en el 'caso Watergate'. «Lo que estoy diciendo es que cuando el presidente lo hace, eso significa que no es ilegal», acabó diciendo el ex mandatario de los setenta cuando el periodista David Frost le presionó en sus célebres entrevistas.
Rice dice no querer entrar en el juego de criticar a Barack Obama, y parece seguir siendo fiel a su anterior jefe. Al final de la jornada accedió a fotografiarse con el pequeño que la puso en apuros. Su madre, orgullosa, contó al diario 'The Washington Post' que la pregunta original era «si trabajara para el Gobierno de Obama, ¿presionaría para que autorizase la tortura?». Pero, por suerte para Rice, el colegio no permitió que la cosa llegara tan lejos.
Los votantes panameños dieron el domingo un vuelco a la tendencia de triunfos de la izquierda en el continente americano y optaron por la alternancia del poder y dar el espaldarazo total a la derecha. La presidencia es para el líder de Cambio Democrático (CD), el empresario multimillonario Ricardo Martinelli, y la Asamblea Nacional también para los partidos hasta ahora opositores.
Al otorgar al magnate de los supermercados más del 60% de los votos, los 2,2 millones de electores cumplen con una tradición no escrita que se ha cumplido cada quinquenio desde que hace 20 años la invasión de Panamá por tropas estadounidenses acabó con el gobierno del general Manuel Noriega.
Martinelli, de 57 años de edad e hijo de un italiano y una española, aseguró ayer que cumplirá todas sus promesas de campaña. Ardua tarea, porque aspira a cambiar las condiciones de inseguridad, la educación, extender el sistema de salud a los de rentas más bajas, reformar el transporte público, construir un metro, y reducir los niveles de pobreza.
Otra de sus aspiraciones es «reactivar la economía para que el crecimiento económico llegue a todos los panameños». Ha recibido un país con un crecimiento del PIB del 9,7% en los tres últimos años, pero las previsiones son que caiga al 3 o el 5%. También continuará la ampliación del canal de Panamá por donde pasa el 5% del comercio mundial. Espera poder concretar un tratado de promoción comercial con EE UU, y evaluar sus relaciones con China y Taiwán.
Cuando asuma el cargo el primero de julio, contará a su favor con la mayoría legislativa. Su primer discurso fue conciliador. Afirmó que será el «presidente de todos los panameños» e invitó a los partidos a trabajar «en un gobierno de unidad nacional» para «hacer el cambio que quiere y demanda Panamá». Dijo que para lograrlo entrarán en su Gabinete los «mejores», incluida «gente muy buena»» del Partido Revolucionario Democrático (PRD), al que pertenece el presidente Martín Torrijos, quien mantendrá hoy mismo una primera reunión para pactar el «proceso de transición».
Su victoria representa el rechazo a los partidos tradicionales. Sin embargo, algunos analistas vaticinan problemas con algunos de los poderosos sindicatos del país y con la misma coalición de cuatro partidos que llegó al poder.
Para Miguel Ángel Candanedo, catedrático de Filosofía por la Universidad de Panamá, su gobierno será el de «una derecha controlada fundamentalmente por empresarios». Anticipa «fuertes tensiones sociales» si las reformas perjudican los derechos de los trabajadores o pretende imponerlas sin contar con un consenso previo.
Otro punto que pudiera generar conflicto es su plan para reformar el sistema impositivo. Su proyecto es aplicar una tasa plana, lo que según el asesor presidencial Horacio Estribí, «puede despertar muchas sensibilidades».
De momento, su rival y futura jefe de la oposición, la aspirante del PRD Balbina Hernández, no parece dispuesta a ponérselo fácil. Adelantó que será «una oposición responsable, pero muy enérgica porque hemos dejado a un país con crecimiento económico, la casa en orden y con la ampliación del canal en marcha».
Hasta ese momento, le habían interrogado por asuntos como qué cualidad suya querría ser recordada o cómo fue crecer en Alabama durante la segregación racial. Entonces le tocó el turno a Misha Lerner, un niño de cuarto grado al que los maestros ya habían obligado a bajar el tono y evitar la palabra «tortura», según contó ayer 'The Washington Post'. «¿Qué le parece lo que está diciendo el Gobierno de Obama de los métodos que usó el Gobierno de Bush para obtener información de los detenidos?», preguntó el pequeño.
«Espero que lo entendáis, eran tiempos muy difíciles», acabó confesando la ex secretaria de Estado que, según los memorandos hechos públicos, fue la primera en autorizar a la CIA a usar métodos como el 'waterboarding' (simular un ahogamiento). «Estábamos todos aterrorizados con la posibilidad de otro ataque terrorista dentro de nuestro país. El 11-S fue el día más difícil de mi vida en la Administración. Pero incluso en esas circunstancias el presidente no estaba preparado para hacer algo ilegal. Espero que la gente entienda que estábamos intentado proteger al país», añadió.
Había un tono de disculpa en sus palabras que nunca se había escuchado hasta ese momento. A diferencia del ex vicepresidente Dick Cheney, la brillante graduada de Stanford ha comprendido que los tiempos han cambiado. El país demanda que le pasen cuentas a los que abusaron del poder ordenando torturas y empañaron la imagen de Estados Unidos.
Algunos se conforman con pedir un fiscal especial o una comisión al estilo de la del 11-S. Otros quieren que se les siente en el banquillo por crímenes de guerra. Y Rice es la primera en la picota. Hasta ella conducen los informes sobre el uso de torturas.
El recuerdo de Nixon
La ex jefa de la diplomacia norteamericana, que entonces era consejera de Seguridad Nacional, niega que violase ninguna ley, porque «por definición, si lo había autorizado el presidente, no violaba nuestras obligaciones bajo la Convención Contra la Tortura», dijo la semana pasada a los estudiantes universitarios de Standford, en el estado de California.
La frase ha sido como un viaje en el tiempo por su parecido con las palabras que condenaron al ex presidente Richard Nixon por autorizar escuchas ilegales en el 'caso Watergate'. «Lo que estoy diciendo es que cuando el presidente lo hace, eso significa que no es ilegal», acabó diciendo el ex mandatario de los setenta cuando el periodista David Frost le presionó en sus célebres entrevistas.
Rice dice no querer entrar en el juego de criticar a Barack Obama, y parece seguir siendo fiel a su anterior jefe. Al final de la jornada accedió a fotografiarse con el pequeño que la puso en apuros. Su madre, orgullosa, contó al diario 'The Washington Post' que la pregunta original era «si trabajara para el Gobierno de Obama, ¿presionaría para que autorizase la tortura?». Pero, por suerte para Rice, el colegio no permitió que la cosa llegara tan lejos.
Los votantes panameños dieron el domingo un vuelco a la tendencia de triunfos de la izquierda en el continente americano y optaron por la alternancia del poder y dar el espaldarazo total a la derecha. La presidencia es para el líder de Cambio Democrático (CD), el empresario multimillonario Ricardo Martinelli, y la Asamblea Nacional también para los partidos hasta ahora opositores.
Al otorgar al magnate de los supermercados más del 60% de los votos, los 2,2 millones de electores cumplen con una tradición no escrita que se ha cumplido cada quinquenio desde que hace 20 años la invasión de Panamá por tropas estadounidenses acabó con el gobierno del general Manuel Noriega.
Martinelli, de 57 años de edad e hijo de un italiano y una española, aseguró ayer que cumplirá todas sus promesas de campaña. Ardua tarea, porque aspira a cambiar las condiciones de inseguridad, la educación, extender el sistema de salud a los de rentas más bajas, reformar el transporte público, construir un metro, y reducir los niveles de pobreza.
Otra de sus aspiraciones es «reactivar la economía para que el crecimiento económico llegue a todos los panameños». Ha recibido un país con un crecimiento del PIB del 9,7% en los tres últimos años, pero las previsiones son que caiga al 3 o el 5%. También continuará la ampliación del canal de Panamá por donde pasa el 5% del comercio mundial. Espera poder concretar un tratado de promoción comercial con EE UU, y evaluar sus relaciones con China y Taiwán.
Cuando asuma el cargo el primero de julio, contará a su favor con la mayoría legislativa. Su primer discurso fue conciliador. Afirmó que será el «presidente de todos los panameños» e invitó a los partidos a trabajar «en un gobierno de unidad nacional» para «hacer el cambio que quiere y demanda Panamá». Dijo que para lograrlo entrarán en su Gabinete los «mejores», incluida «gente muy buena»» del Partido Revolucionario Democrático (PRD), al que pertenece el presidente Martín Torrijos, quien mantendrá hoy mismo una primera reunión para pactar el «proceso de transición».
Su victoria representa el rechazo a los partidos tradicionales. Sin embargo, algunos analistas vaticinan problemas con algunos de los poderosos sindicatos del país y con la misma coalición de cuatro partidos que llegó al poder.
Para Miguel Ángel Candanedo, catedrático de Filosofía por la Universidad de Panamá, su gobierno será el de «una derecha controlada fundamentalmente por empresarios». Anticipa «fuertes tensiones sociales» si las reformas perjudican los derechos de los trabajadores o pretende imponerlas sin contar con un consenso previo.
Otro punto que pudiera generar conflicto es su plan para reformar el sistema impositivo. Su proyecto es aplicar una tasa plana, lo que según el asesor presidencial Horacio Estribí, «puede despertar muchas sensibilidades».
De momento, su rival y futura jefe de la oposición, la aspirante del PRD Balbina Hernández, no parece dispuesta a ponérselo fácil. Adelantó que será «una oposición responsable, pero muy enérgica porque hemos dejado a un país con crecimiento económico, la casa en orden y con la ampliación del canal en marcha».
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